Los estados cuentan con obligaciones específicas para tratar la problemática de la violencia contra la mujer, ya sea que lo realice mediante agentes del estado u otros agentes. Los estados tienen la obligación de responder ante las mujeres y prevenir actos de violencia contra ella, investigarlos cuando ocurran y enjuiciar y castigar a los culpables; así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas.

Aunque las distintas circunstancias y limitaciones obligan a los estados a adoptar distintos tipos de medidas, no justifica en ninguna medida la inacción de estos.
Sin embargo, muchos estados alrededor del mundo no aplican en su totalidad las normas internacionales relativas a la violencia contra la mujer.

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